MATRIZ DE CONSISTENCIA: ANÁLISIS PSICOSOCIAL E INFLUENCIA SOCIAL

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

CARRERA DE PSICOLOGÍA: CAMPO CIENCIAS DE LA SALUD

 

RESPONSABLE:

Castillo Verdugo Jean Carlos

 

CÁTEDRA/GRUPO:

Psicología Social / Grupo 3

 

DOCENTE:

Mgs. Marco Muñoz

 

TEMA:

Matriz de Consistencia: Influencia Social

 

FECHA:

Martes, 01 de julio de 2025


MATRIMONIO IGUALITARIO EN ECUADOR

1.              Explicación del hecho

El 12 de junio de 2019, la Corte Constitucional del Ecuador resolvió, mediante voto mayoritario (5 a 4), reinterpretar el artículo 67 de la Constitución a la luz de los principios de igualdad y no discriminación, aprobando así el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Esta decisión implicó un giro hermenéutico en favor de los derechos humanos, al establecer que el matrimonio no puede estar limitado a la unión entre hombre y mujer, dado que dicha restricción contradice los estándares internacionales vinculantes (Corte Constitucional del Ecuador, 2019). La resolución respondió a dos acciones de protección presentadas por parejas del mismo sexo que, al haber sido impedidas de contraer matrimonio, denunciaron una vulneración de sus derechos constitucionales.

El fallo se fundamentó en parte en la Opinión Consultiva OC-24/17 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que los Estados deben garantizar todos los derechos patrimoniales y familiares a las parejas del mismo sexo, en condiciones de igualdad (CIDH, 2017). En este contexto, la Corte ecuatoriana se alineó con el marco del ius constitutionale commune, asumiendo el control de convencionalidad como principio rector de interpretación. Esta decisión generó una ruptura en la hegemonía cultural y legal del modelo heterosexual y binario de familia, visibilizando a su vez los conflictos estructurales entre el constitucionalismo garantista y los valores tradicionales arraigados en sectores conservadores.

El acontecimiento activó un escenario de polarización ideológica en el ámbito público. Mientras los sectores pro derechos celebraron un hito en la ampliación de ciudadanía sexual (Aguirre Morales, 2020), los grupos conservadores, incluidos líderes religiosos y partidos políticos, reaccionaron apelando al argumento de la defensa de “valores nacionales” y “la familia natural”. Este escenario puso en evidencia los procesos de influencia social, movilización colectiva y disputa simbólica por la legitimidad de los derechos LGBTIQ+ en el espacio público ecuatoriano, revelando así los complejos entramados psicosociales que atraviesan la institucionalización de la diversidad sexual en América Latina. 

2.     2. Matriz de Consistencia


Categoría psicosocial

Concepto

Hecho vinculado

Explicación detallada y específica

Representaciones sociales

Estructuras simbólicas y cognitivas compartidas que configuran el sentido común y orientan la percepción y evaluación social.

Discursos contrapuestos en medios y espacios públicos sobre el significado de "familia" y "matrimonio".

En el proceso de aprobación, las representaciones sociales constituyeron el núcleo simbólico donde se cristalizó la disputa por definir qué formas de convivencia son socialmente legítimas. Sectores conservadores apelaron a una representación hegemónica que naturaliza la familia heterosexual como base del orden social, mientras que los colectivos LGBTIQ+ y aliados promovieron una reconstrucción discursiva centrada en la diversidad afectiva y la igualdad de derechos, tensionando así los significados culturalmente establecidos.

Influencia normativa

Proceso social donde la conformidad se induce mediante la internalización o presión para ajustarse a las normas grupales.

Declaraciones públicas y campañas de líderes religiosos y políticos en defensa del "matrimonio natural".

La influencia normativa operó como mecanismo de cohesión y control social dentro de los sectores conservadores, creando una fuerte presión para la homogeneidad ideológica. El temor al estigma o exclusión social actuó como factor disuasorio para la expresión pública de apoyo al matrimonio igualitario en ciertos contextos, evidenciando cómo las normas sociales internalizadas moldearon el comportamiento colectivo y limitaron la pluralidad discursiva.

Cambio actitudinal

Transformación de creencias, sentimientos y disposiciones conductuales hacia un objeto social en un proceso dinámico.

Incremento significativo en encuestas públicas del apoyo ciudadano hacia la legalización del matrimonio igualitario entre 2014-2019.

Este cambio es indicativo de una socialización política y cultural progresiva que reconfigura las actitudes tradicionales. Factores como la mayor visibilidad mediática de la diversidad sexual, el contacto interpersonal positivo con personas LGBTIQ+ y la influencia de discursos de derechos humanos facilitaron la disminución de prejuicios y el aumento del apoyo social, especialmente en segmentos demográficos jóvenes y urbanos, evidenciando un desplazamiento gradual del paradigma heteronormativo.

Discriminación

Se refiere al trato desigual y desfavorable hacia personas o grupos debido a características sociales o identitarias, en este caso, la orientación sexual o identidad de género.

Tras la aprobación del matrimonio igualitario en Ecuador, se registraron episodios de discriminación social y laboral contra personas LGBTIQ+, evidenciando la persistencia de prácticas excluyentes en distintos ámbitos.

La discriminación opera como un mecanismo estructural que mantiene las desigualdades sociales, limitando el acceso a derechos y oportunidades. En el contexto ecuatoriano, a pesar del avance legal, la discriminación persiste en ámbitos cotidianos, lo que obstaculiza la plena inclusión y genera exclusión social, afectando la salud mental y el bienestar de las personas LGBTIQ+.

Prejuicio

Actitudes negativas, estereotipos o creencias preconcebidas hacia un grupo social, basadas en juicios sin evidencia directa.

La aprobación del matrimonio igualitario generó reacciones negativas en sectores conservadores, basadas en prejuicios morales y culturales contra las personas LGBTIQ+, que alimentaron discursos de rechazo y estigmatización.

El prejuicio funciona como un filtro cognitivo y afectivo que legitima la exclusión y justifica actitudes discriminatorias. En Ecuador, dichos prejuicios están profundamente arraigados en valores tradicionales y religiosos, y son reforzados por discursos públicos que dificultan la aceptación social y la construcción de relaciones igualitarias.

Polarización ideológica

Profunda división y radicalización de posiciones opuestas en el debate público y político.

Manifestaciones masivas tanto a favor como en contra del fallo de la Corte Constitucional.

La polarización refleja la intensificación del conflicto cultural subyacente, con la judicialización del matrimonio igualitario como catalizador. La política identitaria y las dimensiones simbólicas de la disputa exacerbaron la división social, fragmentando al público en polos antagonistas que no solo defendían intereses legales sino visiones incompatibles sobre la nación, la moralidad y la legitimidad democrática. Esto dificultó los procesos de diálogo y consenso.

Identidad social

Parte del autoconcepto derivada del sentido de pertenencia a grupos sociales que proporcionan valor y significado.

Reivindicación pública de la identidad LGBTIQ+ como ciudadanía plena y legítima.

La decisión judicial fortaleció la identidad colectiva de los sujetos LGBTIQ+, legitimando su existencia política y social. Este reconocimiento legal contribuye a la construcción de una identidad social positiva, que empodera a los grupos excluidos, amplía su capital simbólico y refuerza la movilización política orientada hacia la ampliación de derechos y la lucha contra la discriminación.

Estigmatización

Proceso social que asigna atributos negativos y desvaloriza a individuos o grupos, generando exclusión.

Discursos que etiquetaron la diversidad sexual como “desviación” o “amenaza moral”.

La estigmatización funcionó como mecanismo para mantener la jerarquía social heteronormativa. A través de la construcción de un “otro” desviado, se reforzaron prejuicios, se activaron emociones negativas —como miedo y asco— y se justificaron prácticas de exclusión y resistencia al cambio. Esto afectó la percepción pública y dificultó la aceptación social del matrimonio igualitario.

Control social

Conjunto de mecanismos, tanto formales como informales, que regulan y sancionan comportamientos colectivos.

Intervenciones de la Iglesia Católica y evangélica condenando la aprobación del matrimonio igualitario.

El control social ejercido por instituciones religiosas operó a través de sanciones simbólicas —como amenazas de excomunión— y la reproducción de normas morales que limitan la disidencia. Este control contribuyó a preservar estructuras patriarcales y conservadoras, ejerciendo presión sobre fieles y políticos para rechazar la reforma legal, y manteniendo la hegemonía cultural dominante.

Movilización colectiva

Acción coordinada y sostenida de grupos sociales para influir en políticas o normas.

Campañas legales y sociales lideradas por colectivos LGBTIQ+ para la aprobación del matrimonio.

La movilización constituyó un elemento clave para generar cambios institucionales, articulando estrategias jurídicas, activismo mediático y alianzas con organismos internacionales. Este proceso permitió superar la invisibilización y la marginación, logrando un impacto normativo y simbólico que contribuyó a la transformación progresiva de las condiciones sociales y legales en Ecuador.

Conflicto cultural

Contraposición de sistemas de valores y creencias que disputan la definición legítima de lo social.

Controversias públicas sobre el rol del Estado laico frente a las tradiciones religiosas.

La aprobación del matrimonio igualitario puso en tensión el pacto social sobre la secularidad y los valores tradicionales. Este conflicto cultural mostró cómo la diversidad sexual desafía no solo normas legales, sino también sistemas de creencias arraigados, configurando una disputa por la hegemonía simbólica y la redefinición del contrato social en el Ecuador contemporáneo.

Desobediencia normativa

Rechazo activo y público de normas legales percibidas como ilegítimas desde perspectivas morales o culturales.

Llamados de líderes conservadores a desconocer o boicotear la sentencia de la Corte.

La desobediencia normativa refleja la crisis de legitimidad que enfrentan las instituciones jurídicas frente a valores morales divergentes. Este fenómeno evidencia una tensión entre legalidad y legitimidad, donde sectores sociales priorizan convicciones ético-religiosas por encima del mandato legal, poniendo en riesgo la eficacia y aceptación social del derecho.

Ciudadanía sexual

Reconocimiento y ejercicio de derechos civiles, políticos y sociales para todas las identidades sexo-genéricas.

Inclusión legal de parejas del mismo sexo en el régimen matrimonial civil.

La sentencia constitucional amplió el concepto tradicional de ciudadanía al incorporar a sujetos históricamente excluidos por su orientación sexual, consolidando un modelo de ciudadanía más inclusivo y plural. Este avance jurídico simboliza un reconocimiento estatal de la diversidad sexual, pero también desafía las normas sociales establecidas, generando resistencia en sectores conservadores.

Interseccionalidad

Marco analítico que examina cómo múltiples identidades y sistemas de opresión interactúan para producir experiencias específicas de marginalización.

Obstáculos específicos que enfrentan mujeres lesbianas indígenas o de zonas rurales para acceder plenamente a los derechos ganados.

Aunque la sentencia representó un avance general, las experiencias diferenciadas de los sujetos en función de su etnia, género, clase social y ubicación geográfica evidencian que la igualdad legal no implica igualdad material ni efectiva. El enfoque interseccional resalta la necesidad de políticas y acciones que reconozcan estas complejidades y reduzcan desigualdades estructurales.

Agenciamiento

Capacidad de los actores sociales para actuar con autonomía y generar cambios en contextos estructurales adversos.

Iniciativa de parejas del mismo sexo que interpusieron demandas legales para el reconocimiento de sus derechos.

La estrategia legal utilizada evidencia un ejercicio de agenciamiento, donde actores subalternos emplean recursos institucionales para transformar estructuras jurídicas y simbólicas. Este proceso refleja la capacidad de los sujetos para desafiar el orden establecido y participar activamente en la construcción de nuevas formas de legitimidad social y política.

Rol de los medios de comunicación

Función de los medios en la construcción social de la realidad, influencia en la agenda pública y formación de opinión.

Cobertura mediática polarizada que enfatizó controversias y discursos extremos sobre la sentencia.

Los medios contribuyeron a la amplificación de la polarización, al reproducir narrativas que reforzaron estereotipos y simplificaciones. La agenda mediática priorizó la conflictividad simbólica sobre el diálogo constructivo, moldeando percepciones sociales y afectando la aceptación pública del matrimonio igualitario.

Influencia internacional

Impacto de normas, jurisprudencia y recomendaciones internacionales en la configuración de políticas nacionales.

Invocación de la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como fundamento del fallo.

La influencia del derecho internacional actuó como un mecanismo externo que impulsó la modificación de marcos normativos internos. Este fenómeno ilustra cómo las instancias supranacionales pueden presionar a los Estados para adoptar estándares progresistas, configurando una interacción dinámica entre soberanía nacional y universalidad de derechos humanos.


3.              Análisis de influencia social

La aprobación del matrimonio igualitario en Ecuador en 2019 representa un claro ejemplo de cómo las dinámicas de influencia social operan en contextos nacionales específicos marcados por tradiciones culturales, religiosidad y estructuras políticas particulares. La influencia normativa de los sectores conservadores, muy ligados a la Iglesia Católica y evangélica, ejerció una fuerte presión para preservar la definición tradicional de familia, fundamentada en un marco heteronormativo que ha sido históricamente hegemónico en Ecuador (Alarcón & Barragán, 2021). Frente a esto, los movimientos LGBTIQ+ y sus aliados implementaron estrategias de visibilización, litigio estratégico y apelación a los principios constitucionales de igualdad y derechos humanos, promoviendo un cambio normativo e ideacional que trascendió las resistencias culturales (Mendoza & Zambrano, 2020).

Esta interacción compleja se desarrolló en un escenario de movilización colectiva sostenida, que articuló diversas formas de capital social y cultural para influir en la agenda pública y en el sistema judicial, aprovechando también el contexto regional de creciente reconocimiento de derechos LGBTIQ+. La polarización pública fue notable, en donde las narrativas de resistencia religiosa y cultural se enfrentaron a discursos de derechos, inclusión y reconocimiento de la diversidad sexual, evidenciando el choque entre un Estado constitucionalmente laico y una sociedad en proceso de redefinir sus valores colectivos (Delgado & Ochoa, 2019). Estos procesos estuvieron atravesados por mecanismos de estigmatización y control social que intentaron limitar la aceptación social del matrimonio igualitario, lo que a su vez generó espacios para la reflexión crítica y el debate público sobre prejuicios y discriminación estructural (Sánchez & Cordero, 2022).

Finalmente, la influencia internacional jugó un papel fundamental al legitimar y presionar la reforma normativa a partir de estándares y sentencias vinculantes como la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2018). Ecuador se insertó en un contexto regional y global en el que las normas internacionales y la jurisprudencia de derechos humanos han sido instrumentos clave para impulsar reformas legislativas y judiciales en materia de derechos sexuales y reproductivos (Corrales, 2022).

4.     Análisis de contexto histórico en el que ocurrió el eventoPrincipio del formulario

La aprobación del matrimonio igualitario en Ecuador en 2019 debe entenderse en el marco de una historia regional marcada por procesos de lucha social, democratización y expansión de derechos humanos que ha caracterizado a América Latina desde finales del siglo XX. Durante décadas, la región estuvo dominada por regímenes autoritarios y estructuras patriarcales que relegaron a las poblaciones LGBTIQ+ a la marginalidad social y legal. Sin embargo, con la transición hacia democracias más inclusivas y la consolidación de movimientos sociales, comenzaron a emerger demandas que cuestionaban las normas heteronormativas tradicionales y exigían reconocimiento y protección jurídica. En Ecuador, este proceso estuvo mediado por la promulgación de la Constitución de 2008, que introdujo avances significativos en materia de derechos humanos y diversidad, sentando las bases jurídicas para posteriores reivindicaciones como el matrimonio igualitario.

No obstante, el camino hacia la igualdad plena ha estado atravesado por resistencias culturales profundas y por la persistencia de instituciones sociales y religiosas que defienden el modelo tradicional de familia. La aprobación en 2019 representa el resultado de años de movilización política, litigios estratégicos y transformaciones legales impulsadas tanto por actores locales como por presiones internacionales, en un contexto regional que ha visto avances y retrocesos alternados en materia de derechos sexuales y reproductivos. Este proceso histórico refleja la complejidad de las transformaciones sociales en Ecuador, donde los avances en el plano jurídico coexisten con desafíos en la aceptación cultural y la inclusión efectiva de las diversidades sexuales en la vida cotidiana.Principio del formulario

Final del formulario

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5.              Análisis del Impacto Nacional

La aprobación del matrimonio igualitario en Ecuador en 2019 representó un momento crucial en la configuración política nacional, evidenciando la tensión entre el avance institucional en derechos humanos y la persistencia de estructuras conservadoras y hegemónicas. El papel de la Corte Constitucional fue decisivo al interpretar el marco jurídico desde una perspectiva garantista, promoviendo la igualdad y el principio de no discriminación, incluso ante la resistencia social y política (Corrales, 2022). Este proceso desencadenó una rearticulación discursiva en el campo político, polarizando actores entre aquellos comprometidos con la ampliación de derechos y sectores que apelaron a la defensa de valores tradicionales, fuertemente influenciados por doctrinas religiosas y narrativas identitarias conservadoras. En consecuencia, el debate público sobre la ciudadanía sexual y la definición de familia se convirtió en un terreno de disputa simbólica, donde se negocian hegemonías culturales y políticas (Alarcón & Barragán, 2021).

En el plano social y cultural, la sentencia contribuyó a visibilizar y legitimar la diversidad sexual como parte integral del tejido social, favoreciendo la reducción gradual de prejuicios y estigmas que históricamente han marginado a las poblaciones LGBTIQ+. Sin embargo, la expansión de derechos también activó dinámicas de resistencia y discriminación, especialmente en sectores con arraigo religioso y conservador, donde la legalización fue percibida como una amenaza a la “moral pública” y al orden social establecido (Delgado & Ochoa, 2019). Este fenómeno refleja la persistencia de procesos psicosociales complejos, como la estigmatización y la internalización de normas heteronormativas, que limitan la plena aceptación social y requieren intervenciones educativas y políticas que promuevan el diálogo intercultural y la desnaturalización de prejuicios.

Legalmente, el fallo posicionó a Ecuador en una vanguardia regional en materia de derechos sexuales y reproductivos, alineándose con estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2017). No obstante, la implementación efectiva de estos derechos enfrenta desafíos significativos debido a desigualdades estructurales que afectan a grupos interseccionales, tales como mujeres lesbianas indígenas y habitantes rurales, quienes sufren múltiples formas de exclusión y limitaciones en el acceso a la justicia (Aguirre Morales, 2020). Esta realidad evidencia que la ampliación formal de derechos debe ir acompañada de políticas públicas integrales, sensibles a las intersecciones de género, etnia y clase, para asegurar la materialización concreta de la igualdad y la justicia social.

6.              Análisis framing, branding y timing

Framing (Enmarcamiento):

El enmarcamiento del matrimonio igualitario no fue simplemente un proceso comunicativo, sino una disputa estratégica por la hegemonía simbólica en una sociedad con fuertes arraigos conservadores. Los actores pro derechos intentaron desarticular discursos moralistas hegemónicos, pero enfrentaron la persistencia de marcos tradicionales profundamente internalizados que asociaban la familia exclusivamente con un modelo heteronormativo y patriarcal. Este choque discursivo reveló cómo los discursos legales y de derechos humanos, aunque poderosos, deben confrontar estructuras culturales y psicosociales resistentes que operan no solo en la esfera pública, sino también en la vida cotidiana de la ciudadanía. Por tanto, el framing progresista enfrentó el desafío de trascender un orden simbólico que sigue excluyendo y estigmatizando a las diversidades sexuales.

Timing (Oportunidad):

El contexto temporal fue favorable en términos institucionales y regionales, pero no exento de contradicciones. Si bien la Corte Constitucional actuó con autonomía y valentía, el timing de la sentencia también evidenció una desconexión con amplios sectores sociales que percibieron el cambio como impuesto desde “arriba”, sin un consenso social consolidado. Esto generó un efecto de polarización que no solo dividió opiniones, sino que amplificó la resistencia y el activismo conservador, reforzando discursos de victimización y defensa de identidades tradicionales. Así, el timing, si bien facilitó la legalización, también puso en evidencia las limitaciones de las reformas legales aisladas sin procesos sociales previos de construcción de consensos más amplios.

Branding (Construcción de Imagen):

La batalla simbólica en torno a la imagen del matrimonio igualitario puso de manifiesto la precariedad del branding progresista frente a una cultura política que reproduce estigmas y prejuicios. La humanización de las parejas del mismo sexo y el discurso inclusivo lograron avances, pero la persistencia de narrativas conservadoras basadas en el miedo, la protección de “la familia” y la apelación a la “naturaleza” constituyeron un contrabranding efectivo, capaz de movilizar sectores sociales significativos. Este conflicto comunicativo refleja la necesidad de no solo cambiar leyes, sino transformar profundas representaciones culturales, algo que requiere esfuerzos sostenidos en educación, política y medios, y que no puede reducirse a una mera estrategia retórica o mediática.

Referencias bibliográficas


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